Todos tenemos derecho a una muerte tranquila

Por Matthew Hayes

Durante los últimos años de su vida, mi abuela no quería seguir viviendo. Sufría de una avanzada enfermedad cardíaca e insuficiencia renal. Luego de batallar contra una infección bacteriana adquirida en la cirugía, quedó débil y confundida; una sombra de la mujer que solía ser. No podía cuidar de sí misma. Abandonar la casa se convirtió en algo peligroso. Ser la anfitriona de las cenas de los domingos, una tradición de casi 50 años, se convirtió en demasiado trabajo. Perdió todas las cosas que le hicieron la vida agradable. Y ella ya no quería vivir.

Hablé seguido con ella acerca de su deseo de morir. La vida ya no valía la pena sin autonomía, me dijo. Quería morir feliz y con algo de dignidad. Pero vivíamos en el Estado de Nueva York, donde el suicidio asistido por un médico no es una opción. No podía terminar con su vida por sus propios medios, entonces, en lugar de eso, sufrió.

Un golpe que la paralizó. Una pérdida masiva de sangre después de un angiograma. Diálisis. Hospitalización constante. Maltrato del personal. Mes tras mes se hundía cada vez más en la desesperación.

En la mañana del 21 de mayo de 2011 recibimos una llamada del hospital. El final estaba cerca. Cuando llegamos estaba acostada en la cama del hospital, inconsciente, con la cara apretada de dolor. Estaba rodeada de su familia y amigos, pero no podía decir adiós. La muerte se la llevó lentamente, de manera agonizante, hasta que finalmente dejó escapar su último aliento. Tras casi dos años, su sufrimiento finalmente había acabado.

Esta historia no es única. Es la historia de un sinnúmero de pacientes con enfermedades terminales que quieren acabar con su vida dignamente. ¿Por qué debemos obligar a la gente a soportar tamaño dolor físico y emocional? ¿Hay alguna manera mejor?

En 1997, en el Estado de Oregon se aprobó la Ley de Muerte Digna, que permitió a los pacientes con enfermedades terminales dar fin a sus vidas mediante el uso de medicamentos letales vendidos bajo prescripción médica. Una vez recibidos, los individuos deciden cuándo tomarlos, si lo desean.

Desde entonces, 1.173 pacientes han elegido participar en el programa. De ellos, el 65% ha optado por morir. Hoy, en cuatro Estados de Estados Unidos y en tres países del mundo —Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo— es legal el suicidio asistido. Si bien es un gran comienzo, no es suficiente. Los médicos de todo el mundo deberían poder ofrecer la eutanasia a los pacientes con enfermedades terminales.

Esto no quiere decir que la muerte asistida no debe ser regulada. Las leyes deben ser bien delimitadas y específicas. Los sistemas regulatorios deben estar en su lugar para frustrar la eutanasia involuntaria y evaluar las enfermedades psiquiátricas. Las prácticas y medicaciones deben ser actualizadas de manera rutinaria para reflejar los nuevos avances y conocimientos.

A pesar de estos esfuerzos, debemos recordar que no todo sistema es infalible y que siempre habrá consecuencias indeseadas. Sin embargo, estos riesgos por sí solos no garantizan inacción. Si lo hicieran, no tendríamos Gobiernos, sistemas jurídicos y ningún tipo de seguro médico. No es la existencia del riesgo, sino cómo respondemos ante él, lo que determina nuestros resultados. Al reconocer el riesgo y dejar que este guíe la formulación de nuestras políticas podemos proteger mejor a los pacientes, sus familias y médicos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos William J. Brennan dijo: “Un vil final sumido en la decadencia es aborrecible. Ahora bien, una muerte tranquila y orgullosa, con la integridad corporal intacta, es una cuestión de extrema confianza en sí mismo”.

En un mundo perfecto, el cuidado médico al final de la vida no implicaría sufrimiento. Los individuos vivirían hasta el final de sus días felices y satisfechos. Pero ese no es el mundo en el que vivimos.

Los individuos, como mi abuela, sufren terribles destinos, la angustia de sus familias y de ellos mismos. Si bien debemos luchar para conseguir este nivel de cuidado, a nadie se le debería negar el derecho a una muerte tranquila y orgullosa.

Matthew Hayes es un investigador de políticas en Portland, Oregon, Estados Unidos. Síguelo en Twitter: @mattayes.

Traducido por Guido Burdman.

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