Sentencia T-544/17

Sentencia T-544/17

Referencia: Expediente T-6.084.435

Acción de tutela formulada por Irene y Alfredo contra SALUD EPS

Procedencia: Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo

Asunto: petición relacionada con el ejercicio del derecho a la muerte digna y a la adecuada prestación de servicios de salud a un joven menor de edad.

Resumen: en agosto del 2017, la Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-544, en la que revisa una acción de tutela presentada por los padres de un adolescente de 13 años contra Salud EPS, relacionada con el ejercicio de la muerte digna, y en la que considera que los niños, niñas y adolescentes (NNA) son también sujetos del derecho fundamental de la muerte digna, así este no este regulado actualmente en Colombia.

El adolescente, llamado Francisco en la Sentencia, padecía de parálisis cerebral severa desde su nacimiento, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral, reflujo gastroesofágico severo y retraso mental que le impedía comunicarse de forma verbal. Sus padres le habían solicitado a Salud EPS que adelantara la valoración prevista para hacer efectivo el derecho del muchacho a morir dignamente a través de la eutanasia, debido a su sufrimiento por frecuentes crisis respiratorias y dolor, pero esta mantuvo silencio. En la tutela, entonces, piden que se ampare su derecho de petición, así como otros derechos que el juez considere vulnerados como consecuencia de las omisiones de Salud EPS en la atención al muchacho.

El juez en primera instancia admitió la tutela, pero nunca se llevó a cabo el procedimiento de eutanasia. Francisco murió hospitalizado y bajo cuidados paliativos casi 4 meses después de presentada la acción de tutela.

La Corte revisó el caso en profundidad y al juzgar tras la muerte del muchacho, lo hace por considerar que se ocasionó el daño que se pretendía evitar vulnerando los derechos a la salud y a la muerte digna. Salud EPS incumplió de manera repetida en el suministro de medicamentos y otros insumos, y omitió la respuesta al derecho de petición siendo su respuesta a la tutela insuficiente, inefectiva e incongruente. Asimismo, considera la Corte que es necesario “evidenciar problemas estructurales relacionados con la violación de los derechos fundamentales”, es decir problemas que no solo aquejan a esta familia, sino que pueden repetirse y afectar a la población en general.

La Corte considera que se debe garantizar el derecho a la muerte digna de los NNA basando sus argumentos en los siguientes puntos. Primero, la Corte recuerda que todos los derechos de los que son sujetos los NNA se rigen por el principio del interés superior, es decir que sus derechos prevalecen sobre los de los demás. A los NNA no se les puede, entonces, negar un derecho avalado por la jurisprudencia constitucional que considera que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir dignamente. La Corte ha tenido en cuenta en su jurisprudencia “la cercana relación que la muerte digna guarda con la dignidad humana, con el respeto a la autodeterminación de las personas y con una concepción de la vida que supera la noción de simple existencia”. ¿Cómo podría avalar la Corte que se le negase este derecho a un NNA, llevando eventualmente “a admitir tratos crueles e inhumanos de los menores de edad y la afectación de su dignidad”?

Segundo, la Corte recuerda que la edad comporta unas diferencias y particularidades relacionadas con el consentimiento y la manifestación de la voluntad, pero no puede llevar a desconocer la titularidad del derecho a los NNA. Dice la sentencia que el “hecho de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se hayan emitido en el marco de casos en los que estaban involucradas personas mayores de 18 años es una contingencia, que no comporta una limitación del alcance del derecho fundamental a la muerte digna fundada en la edad”.

Por último, la Corte clarifica que la falta de regulación de un derecho fundamental no le quita su carácter de derecho ni determina su valor normativo ni vinculante. Reconoce que esta falta crea barreras y por ello en el pasado ha emitido directrices y fijado requisitos para que se pueda satisfacer este derecho. Así, por ejemplo, ya ordenó en el pasado al Ministerio crear una reglamentación para garantizar la muerte digna, y en esta Sentencia le ordena crear otra que considere las particularidades en el caso de los NNA. Le ordena también disponer lo necesario, en el término de cuatro meses, para que los prestadores de los servicios de salud creen los Comités de Ética necesarios en casos de los menores. Además, debe proponer a los médicos un protocolo médico que servirá para la realización del procedimiento. Por último, le ordena presentar, en el término de un año, un proyecto de ley en el que se proponga la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y NNA, teniendo en cuenta los presupuestos y criterios establecidos en la jurisprudencia de esta Corte.

Por otra parte, la Corte ordenó a SALUD EPS a no volver a incurrir en conductas que vulneran los derechos de los ciudadanos. Le ordena también a la Superintendencia Nacional de Salud –institución con funciones de vigilancia y protección de los derechos de los pacientes—que valore la pertinencia de iniciar una investigación contra SALUD EPS en relación con la prestación de servicios al niño Francisco, la petición que hicieron sus padres y, en general, cómo maneja la entidad los derechos de petición y las tutelas, ya que parecería que obstaculiza el adecuado funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo, solicita que, si encontrara irregularidades, la sancioné.

Exhorta al Congreso de la República a regular, en el término de dos años, el derecho a morir dignamente tanto de adultos como de los NNA, teniendo en cuenta los presupuestos y criterios establecidos en la jurisprudencia de esta Corte.

Por último, le solicita también a la Defensoría del Pueblo para que dé a conocer el contenido de esta sentencia “con el fin de generar conciencia de derechos, agencia ciudadana y debate público”.

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

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